A lugar querella criminal contra de Monsalve, Tohá, Cerna y De la Fuente, por obstrucción a la justicia y delitos de inteligencia

A lugar querella criminal contra de Monsalve, Tohá, Cerna y De la Fuente, por obstrucción a la justicia y delitos de inteligencia 

La jueza del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible a tramitación una querella criminal interpuesta por el diputado Andrés Celis

La querella criminal en cuestión es en contra Manuel Zacarías Monsalve Benavides, Eduardo Cerna Lozano, Carolina Tohá Morales y Gabriel de la Fuente Acuña por su presunta participación en la obstrucción de la justicia y delitos especiales contenidos en la Ley de Inteligencia.

La querella, presentada ante la justicia, acusa a los ex funcionarios del gobierno de haber omitido entregar información relevante al Ministerio Público en una investigación en curso, violando así el artículo 221 del Código Penal. 

Además, se les imputa por delitos especiales contenidos en la Ley de Inteligencia, específicamente en los artículos 35, inciso final del artículo 43 y artículo 45.

Los imputados son:- Manuel Zacarías Monsalve Benavides, ex Subsecretario del Interior- Eduardo Cerna Lozano, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile- Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública- Gabriel de la Fuente Acuña, jefe de gabinete del ex Subsecretario del Interior. 

La querella solicita que se tomen las medidas necesarias para esclarecer los hechos y se apliquen las penas correspondientes, incluyendo la condena en costas.Además, se solicita al Ministerio Público que realice las siguientes diligencias de investigación:1. Citación a declarar como testigos a: - Gabriel Boric Font, Presidente de la República - Antonia Cósmica Orellana Guarello, Ministra de la Mujer y Equidad de Género - Luis Cordero Vega, Subsecretario del Interior 

2. Citación a declarar como imputados a: - Manuel Monsalve Benavides - Eduardo Cerna Lozano - Carolina Tohá Morales - Gabriel Ángel de la Fuente AcuñaLa querella busca proteger la integridad del sistema de justicia y garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus acciones.