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​Un evidente malestar ha provocado en distintos sectores un informe de la Contraloría General de la República que constató 167 cirugías practicadas a parientes de funcionarios del Hospital “San Carlos” de Ancud en desmedro de otros pacientes. 

La auditoría reveló una serie de irregularidades vinculadas en la atención de pacientes y la realización de cirugías en el contexto de la fiscalización por las listas de espera NO Ges. En otra de las observaciones se verificó que dos profesionales no se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud y, además, no tenían autorización de parte de la Secretaría Ministerial de Salud de Los Lagos para desempeñarse en dicho centro asistencial.

Una de las reacciones de repudio provino de la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas, Nelly Güineo, quien calificó como una vergüenza la situación acontecida en el recinto de salud. 

“Para mi es molesto, es una vergüenza, informarme por lo que pasó en el hospital de Ancud, es una vergüenza, mucha gente esperando una atención que lleva años en una lista de espera, si uno va a preguntar al hospital no baja del 200”, criticó la dirigente. 

Mientras que el diputado, Alejandro Bernales, exigió las explicaciones del caso para aclarar cómo se produjo este hecho que favoreció a familiares directos de funcionarios del centro asistencial saltándose la lista de espera en perjuicio de otros usuarios. 

“Con la salud no se juega, por eso exigimos explicaciones al Servicio de Salud respecto a la auditoría que ha hecho contraloría y que ha emanado resultados que son complejos y graves en el hospital de Ancud”, aseveró el diputado.

Desde la Dirección del Hospital se respondió frente a esta auditoría junto con informarse acerca de las acciones para establecer responsabilidades.Su director Felipe Pérez dijo que “se instruirán los sumarios respectivos y se trabajarán en cada una de las observaciones detalladas, mejorando los procesos internos de la institución, además quiero señalar que en uno de los procesos en los cuales ya se ha trabajado en las suspensiones de pabellón que a la fecha es menor al 5 por ciento”. 

En otra observación, se verificó que dos profesionales no se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud y, además, no tenían autorización de parte de la Secretaría Ministerial de Salud de Los Lagos para desempeñarse en dicho centro asistencial.La investigación interna de la cual no se tienen plazos debería establecer responsabilidades administrativas que terminaron por beneficiar a parientes de los funcionarios que se desempeñan en la salud pública.

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