La mañana del domingo, a solo horas del ataque incendiario al proyecto de la hidroeléctrica Rucalhue en Quilaco, Región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que por primera vez desde que se reformó la Ley Antiterrorista, el gobierno invocaría la normativa ante el mayor atentado de este tipo registrado en la Macrozona Sur. Pero más allá del anuncio de Cordero, la acción judicial emprendida por el nuevo ministerio tiene como protagonista clave a quien también, recientemente, asumió las funciones de jefe jurídico en la estrenada cartera: José Tomás Humud Respaldiza (35). Humud, quien es abogado de la Universidad Católica desde 2016, es el encargado -junto a su equipo- de redactar la primera querella del Ejecutivo en materia antiterrorista. Si bien aquello fue anunciado el domingo, hasta ahora la presentación no se ha materializado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Esto, aseguran fuentes de gobierno, precisamente por el minucioso trabajo que está desarrollando el profesional. Y es que al tratarse de la primera querella del gobierno que invoca la nueva normativa y dado que han pasado años desde que no se presentan acciones judiciales bajo esa legislación. Humud está desarrollando un estudio acabado para redactar de manera precisa el texto considerando además las nuevas figuras penales que se deben y exigen probar. Solo un día antes de que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar, el 1ºde abril a Humud se le comunicó que asumiría la jefatura jurídica. Hasta entonces él era funcionario del Ministerio del Interior donde arribó en noviembre del 2022. En ese rol anteriormente mencionado tenía un papel importante al seguir los proyectos legislativos y apoyar las relaciones entre Congreso y Gobierno. Además tuvo varios pasos por comisiones legislativas durante su tiempo en Interior. José Tomás Humud, hijo de los empresarios Miguel Humud y Ana María Respaldiza y hermano también abogado con una destacada trayectoria académica previa a su ingreso al mundo laboral como abogado penalista especializado principalmente en causas relacionadas con delitos económicos. Fuente: La Tercera Nacional
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
La mañana del domingo, a solo horas del ataque incendiario al proyecto de la hidroeléctrica Rucalhue en Quilaco, Región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que por primera vez desde que se reformó la Ley Antiterrorista, el gobierno invocaría la normativa ante el mayor atentado de este tipo registrado en la Macrozona Sur. Pero más allá del anuncio de Cordero, la acción judicial emprendida por el nuevo ministerio tiene como protagonista clave a quien también, recientemente, asumió las funciones de jefe jurídico en la estrenada cartera: José Tomás Humud Respaldiza (35). Humud, quien es abogado de la Universidad Católica desde 2016, es el encargado -junto a su equipo- de redactar la primera querella del Ejecutivo en materia antiterrorista. Si bien aquello fue anunciado el domingo, hasta ahora la presentación no se ha materializado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Esto, aseguran fuentes de gobierno, precisamente por el minucioso trabajo que está desarrollando el profesional. Y es que al tratarse de la primera querella del gobierno que invoca la nueva normativa y dado que han pasado años desde que no se presentan acciones judiciales bajo esa legislación. Humud está desarrollando un estudio acabado para redactar de manera precisa el texto considerando además las nuevas figuras penales que se deben y exigen probar. Solo un día antes de que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar, el 1ºde abril a Humud se le comunicó que asumiría la jefatura jurídica. Hasta entonces él era funcionario del Ministerio del Interior donde arribó en noviembre del 2022. En ese rol anteriormente mencionado tenía un papel importante al seguir los proyectos legislativos y apoyar las relaciones entre Congreso y Gobierno. Además tuvo varios pasos por comisiones legislativas durante su tiempo en Interior. José Tomás Humud, hijo de los empresarios Miguel Humud y Ana María Respaldiza y hermano también abogado con una destacada trayectoria académica previa a su ingreso al mundo laboral como abogado penalista especializado principalmente en causas relacionadas con delitos económicos. Fuente: La Tercera Nacional
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
