Franco Vargas, falleció el 27 de abril, tras una instrucción militar en la región de Arica y Parinacota, donde se encontraba realizando el Servicio Militar. Ante esto, el cuerpo del joven fue exhumado este jueves a las 10:00 am con el fin de determinar las causas de su deceso y será dirigida por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con apoyo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Asimismo, luego de la exhumación, se efectuará la autopsia del cuerpo realizada bajo el protocolo de Minessota. El fiscal detalló que dicho procedimiento será realizado este jueves o el viernes 26 de julio dependiendo de la disponibilidad de los peritos. Para contextualizar, el protocolo Minessota según describió el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti, consiste en una autopsia con una singularidad de requisitos que van desde lesiones previas posibles al deceso de la persona, en cuanto a cualquier otro tipo de anomalía en la muerte de la misma y que debe preverse en el caso de que el Estado sea quien haya tenido la custodia de esta persona, como fue en el caso del Ejército de Chile al mantener a un conscripto que cumplía su Servicio Militar quien fallece bajo dicho requisito. Finalmente, según se explica en la Biblioteca del Congreso Nacional el protocolo se aplica en tres escenarios: Cuando la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida Cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes Finalmente, cuando esta puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida.
Tras más de dos meses de intensa controversia, la Corte Suprema ha determinado que será la justicia ordinaria la encargada de esclarecer los trágicos eventos que rodearon la marcha militar en Putre, donde perdió la vida el joven Franco Vargas. Este hecho, que conmocionó a todo el país, ha puesto bajo escrutinio al Ejército chileno, que enfrenta acusaciones de negligencia y maltrato. El incidente ocurrió durante una marcha en el sector de Pacollo, donde Vargas, un conscripto, sufrió un colapso fatal. Según testimonios de sus compañeros, las condiciones de la marcha eran extremas y carecían del equipamiento adecuado y condiciones higiénicas mínimas. Estos reclamos fueron respaldados por la comunidad y por el propio director del Centro de Salud Familiar de Putre, quien desmintió la versión inicial del Ejército sobre la atención médica proporcionada a Vargas. Las contradicciones en los informes iniciales del Ejército llevaron a la destitución de seis oficiales implicados en la organización de la marcha, mientras que el comandante en jefe, Javier Iturriaga, admitió que la información inicial entregada por la institución fue imprecisa. Además, se presentó una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), detallando no solo negligencia médica, sino también acusaciones de malos tratos generalizados. Los conscriptos que decidieron abandonar el servicio militar relataron un ambiente de hostilidad y abuso verbal por parte de sus superiores, incluyendo insultos homofóbicos y amenazas de violencia sexual contra familiares peruanos. Todas estas situaciones ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente , con frases homofóbicas tales como: 'eres niñita, maricón, amariconado, lesbiano'; otras frases de connotación sexual, como: 'la maraca de tu polola está saltando encima de otro weón, pelao cornúo, 'te están cagando con otro, pelao cachúo' (sic), dice la querella. 'Hay que cruzar la frontera y violar a las peruanas, antes que vengan los peruanos a violar a tu mamá o a tu hermana’”, eran otras de las frases que decían los instructores según la querella. “En la ‘enfermería’ les trataban con desprecio con frases como ‘roto asqueroso’, y el trato permanente y habitual era ‘pelao culi...’ o ‘pelao conchetuma....’; (sic) así como repetían la frase ‘un pelao menos es mejor’ aún después del fallecimiento de uno de los jóvenes que se encontraba en campaña con ellos, Franco Vargas, situación que algunos de ellos presenciaron directamente. En ocasiones los cabos, les decían cosas muy vulgares y denigrantes , y más que eso, cosas degeneradas y enfermizas. Les decían que, si estuviéramos en una guerra, los peruanos vendrían y violarían a sus familias; a sus mamás, hermanas, niñas y mujeres chilenas y que, antes que eso pasara, ellos tenían que pasar la frontera y violar a las mujeres peruanas , relata en la querella otro de los conscriptos, señala la querella otro de los conscriptos.
Este lunes 17 de junio, la Corte Suprema tomará una decisión crucial sobre la jurisdicción que investigará la trágica muerte del soldado Franco Vargas, de 19 años, ocurrida en una marcha en Putre. La Segunda Sala del máximo tribunal resolverá la disputa de competencia generada en el caso conscriptos de Putre. La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, ordenó la exhumación del cuerpo del soldado Vargas invocando el Protocolo de Minnesota, utilizado en investigaciones de muertes potencialmente ilícitas. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por la madre del soldado fallecido, Romy Vargas. En una entrevista con BioBioChile, Vargas expresó su oposición a la exhumación. Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no , afirmó. Romy Vargas argumentó que no confía en la ministra Book debido a su relación con el ámbito militar, ya que está casada con un militar. También criticó la preferencia de Book de mantener la investigación en la Fiscalía Militar. El abogado experto en Derechos Humanos, Cristián Cruz, valoró la orden de exhumación, sugiriendo que podría tratarse de una muerte ilícita con vulneraciones a las garantías fundamentales. En este sentido, Cruz subraya la importancia de realizar una investigación exhaustiva y transparente. En la antesala de la resolución de la Corte Suprema, el diputado independiente Rubén Oyarzo, miembro de la comisión investigadora del caso Conscriptos, destacó la necesidad de que el caso sea tratado por la justicia civil, coincidiendo con la postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El INDH, como querellante en el caso, ha insistido en que sea la justicia ordinaria la que lleve adelante la investigación. Sumándose a estas voces, Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe ante la Corte Suprema abogando también por la jurisdicción civil.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión de paralizar la investigación del “Caso Conscriptos” en la justicia ordinaria. Este recurso surge en respuesta a la orden de la segunda sala del máximo tribunal emitida el pasado viernes, que acogió una solicitud de la Fiscalía Militar para suspender las indagaciones hasta determinar la jurisdicción correspondiente. Desde el INDH se recalca la importancia de aplicar el Protocolo de Minnesota en la nueva autopsia del cuerpo de Franco Vargas, una diligencia que habían solicitado al Juzgado de Garantía de Arica. Este protocolo, desarrollado por las Naciones Unidas, es esencial en casos de muertes potencialmente ilícitas para garantizar una investigación imparcial y exhaustiva. No obstante, la decisión de la Corte Suprema ha dejado esta y otras diligencias en suspenso. El instituto señaló que la ministra en visita Jenny Book nunca ordenó realizar una autopsia conforme al Protocolo de Minnesota. ¿Por qué solo cuando la Fiscalía pide esta diligencia para investigar las muertes potencialmente ilícitas el Fiscal General del Ministerio Público pide la orden de no innovar (…) ¿Se estará intentando ocultar algo?, ya que el procedimiento en Fiscalía Militar es secreto, a diferencia del de la justicia civil. “La intervención de la Fiscalía Militar en este caso no favorece ni la transparencia ni la efectividad de la investigación penal, resultando en una investigación reservada y tardía. Esto no solo afecta el proceso judicial, sino que también incrementa el dolor y la afectación de derechos de las víctimas” , argumentó el INDH en su solicitud.
Franco Vargas, falleció el 27 de abril, tras una instrucción militar en la región de Arica y Parinacota, donde se encontraba realizando el Servicio Militar. Ante esto, el cuerpo del joven fue exhumado este jueves a las 10:00 am con el fin de determinar las causas de su deceso y será dirigida por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con apoyo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Asimismo, luego de la exhumación, se efectuará la autopsia del cuerpo realizada bajo el protocolo de Minessota. El fiscal detalló que dicho procedimiento será realizado este jueves o el viernes 26 de julio dependiendo de la disponibilidad de los peritos. Para contextualizar, el protocolo Minessota según describió el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti, consiste en una autopsia con una singularidad de requisitos que van desde lesiones previas posibles al deceso de la persona, en cuanto a cualquier otro tipo de anomalía en la muerte de la misma y que debe preverse en el caso de que el Estado sea quien haya tenido la custodia de esta persona, como fue en el caso del Ejército de Chile al mantener a un conscripto que cumplía su Servicio Militar quien fallece bajo dicho requisito. Finalmente, según se explica en la Biblioteca del Congreso Nacional el protocolo se aplica en tres escenarios: Cuando la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida Cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes Finalmente, cuando esta puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida.
Tras más de dos meses de intensa controversia, la Corte Suprema ha determinado que será la justicia ordinaria la encargada de esclarecer los trágicos eventos que rodearon la marcha militar en Putre, donde perdió la vida el joven Franco Vargas. Este hecho, que conmocionó a todo el país, ha puesto bajo escrutinio al Ejército chileno, que enfrenta acusaciones de negligencia y maltrato. El incidente ocurrió durante una marcha en el sector de Pacollo, donde Vargas, un conscripto, sufrió un colapso fatal. Según testimonios de sus compañeros, las condiciones de la marcha eran extremas y carecían del equipamiento adecuado y condiciones higiénicas mínimas. Estos reclamos fueron respaldados por la comunidad y por el propio director del Centro de Salud Familiar de Putre, quien desmintió la versión inicial del Ejército sobre la atención médica proporcionada a Vargas. Las contradicciones en los informes iniciales del Ejército llevaron a la destitución de seis oficiales implicados en la organización de la marcha, mientras que el comandante en jefe, Javier Iturriaga, admitió que la información inicial entregada por la institución fue imprecisa. Además, se presentó una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), detallando no solo negligencia médica, sino también acusaciones de malos tratos generalizados. Los conscriptos que decidieron abandonar el servicio militar relataron un ambiente de hostilidad y abuso verbal por parte de sus superiores, incluyendo insultos homofóbicos y amenazas de violencia sexual contra familiares peruanos. Todas estas situaciones ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente , con frases homofóbicas tales como: 'eres niñita, maricón, amariconado, lesbiano'; otras frases de connotación sexual, como: 'la maraca de tu polola está saltando encima de otro weón, pelao cornúo, 'te están cagando con otro, pelao cachúo' (sic), dice la querella. 'Hay que cruzar la frontera y violar a las peruanas, antes que vengan los peruanos a violar a tu mamá o a tu hermana’”, eran otras de las frases que decían los instructores según la querella. “En la ‘enfermería’ les trataban con desprecio con frases como ‘roto asqueroso’, y el trato permanente y habitual era ‘pelao culi...’ o ‘pelao conchetuma....’; (sic) así como repetían la frase ‘un pelao menos es mejor’ aún después del fallecimiento de uno de los jóvenes que se encontraba en campaña con ellos, Franco Vargas, situación que algunos de ellos presenciaron directamente. En ocasiones los cabos, les decían cosas muy vulgares y denigrantes , y más que eso, cosas degeneradas y enfermizas. Les decían que, si estuviéramos en una guerra, los peruanos vendrían y violarían a sus familias; a sus mamás, hermanas, niñas y mujeres chilenas y que, antes que eso pasara, ellos tenían que pasar la frontera y violar a las mujeres peruanas , relata en la querella otro de los conscriptos, señala la querella otro de los conscriptos.
Este lunes 17 de junio, la Corte Suprema tomará una decisión crucial sobre la jurisdicción que investigará la trágica muerte del soldado Franco Vargas, de 19 años, ocurrida en una marcha en Putre. La Segunda Sala del máximo tribunal resolverá la disputa de competencia generada en el caso conscriptos de Putre. La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, ordenó la exhumación del cuerpo del soldado Vargas invocando el Protocolo de Minnesota, utilizado en investigaciones de muertes potencialmente ilícitas. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por la madre del soldado fallecido, Romy Vargas. En una entrevista con BioBioChile, Vargas expresó su oposición a la exhumación. Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no , afirmó. Romy Vargas argumentó que no confía en la ministra Book debido a su relación con el ámbito militar, ya que está casada con un militar. También criticó la preferencia de Book de mantener la investigación en la Fiscalía Militar. El abogado experto en Derechos Humanos, Cristián Cruz, valoró la orden de exhumación, sugiriendo que podría tratarse de una muerte ilícita con vulneraciones a las garantías fundamentales. En este sentido, Cruz subraya la importancia de realizar una investigación exhaustiva y transparente. En la antesala de la resolución de la Corte Suprema, el diputado independiente Rubén Oyarzo, miembro de la comisión investigadora del caso Conscriptos, destacó la necesidad de que el caso sea tratado por la justicia civil, coincidiendo con la postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El INDH, como querellante en el caso, ha insistido en que sea la justicia ordinaria la que lleve adelante la investigación. Sumándose a estas voces, Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe ante la Corte Suprema abogando también por la jurisdicción civil.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión de paralizar la investigación del “Caso Conscriptos” en la justicia ordinaria. Este recurso surge en respuesta a la orden de la segunda sala del máximo tribunal emitida el pasado viernes, que acogió una solicitud de la Fiscalía Militar para suspender las indagaciones hasta determinar la jurisdicción correspondiente. Desde el INDH se recalca la importancia de aplicar el Protocolo de Minnesota en la nueva autopsia del cuerpo de Franco Vargas, una diligencia que habían solicitado al Juzgado de Garantía de Arica. Este protocolo, desarrollado por las Naciones Unidas, es esencial en casos de muertes potencialmente ilícitas para garantizar una investigación imparcial y exhaustiva. No obstante, la decisión de la Corte Suprema ha dejado esta y otras diligencias en suspenso. El instituto señaló que la ministra en visita Jenny Book nunca ordenó realizar una autopsia conforme al Protocolo de Minnesota. ¿Por qué solo cuando la Fiscalía pide esta diligencia para investigar las muertes potencialmente ilícitas el Fiscal General del Ministerio Público pide la orden de no innovar (…) ¿Se estará intentando ocultar algo?, ya que el procedimiento en Fiscalía Militar es secreto, a diferencia del de la justicia civil. “La intervención de la Fiscalía Militar en este caso no favorece ni la transparencia ni la efectividad de la investigación penal, resultando en una investigación reservada y tardía. Esto no solo afecta el proceso judicial, sino que también incrementa el dolor y la afectación de derechos de las víctimas” , argumentó el INDH en su solicitud.
